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La ocupación ilegal de las viviendas o “fenómeno okupa” empezó a aparecer a finales de los años 60 en Inglaterra, Alemania y Holanda, como una expresión más de la filosofía hippie. Durante la última década se ha extendido por España, debido a la decadencia económica.
Muchos propietarios encuentran su casa ocupada por personas desconocidas y no saben cómo echarlas para volver a entrar. Lo que habitualmente se desconoce es que los detectives privados pueden ayudar a los propietarios a recuperar su hogar.
La ocupación ilegal de viviendas suele ir más allá del impago de un alquiler; muchos ocupantes ilegales obtienen los suministros básicos (electricidad, agua, calefacción y gas) al margen de la ley: sin pagar nada y estafando a sus vecinos o a la comunidad entera. Otros, subalquilan el piso a terceros o destinan la vivienda a usos inapropiados.
Cuando una casa es ocupada ilegalmente, los propietarios y la comunidad tratan de solucionar el problema de la forma más rápida, efectiva y moderada posible, pero no siempre se consigue, lo que puede generar muchas tensiones. En algunas ocasiones, incluso, los ocupantes pueden comportarse de forma violenta, lo que puede acarrear daños diversos en el inmueble e incluso en el propio edificio.
No son los casos más frecuentes, sin embargo cada vez son más habituales. La desesperación, tanto de la comunidad de vecinos como, principalmente, de los propietarios es máxima, ya que hay gente viviendo de forma ilegal en una propiedad particular sin ningún tipo de permiso y, encima, sin tener ningún cuidado. Además, en la mayoría de casos no se sabe cómo demostrar la ocupación ilegal de una vivienda ni cómo tramitar las pruebas para un juicio.
La ocupación ilegal de viviendas es una práctica que se ha extendido mucho en España durante los últimos años, debido principalmente a la crisis económica y a las varias consecuencias de esta. Según datos oficiales del Estado, más de 87.000 familias españolas habitan viviendas okupadas ilegalmente.
El problema está en que el proceso penal, además de ser largo y costoso, no da lugar a una resolución segura para el propietario. El Código Penal de 1995 introdujo el delito de usurpación de bienes inmuebles que dictaba: “Pena de 3 a 6 meses de cárcel para aquellos supuestos okupas de un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituyan morada y contra la voluntad de su titular”, una ley con muchas interpretaciones. Los juicios son largos y caros, pero en caso de ganar la sentencia, el procedimiento de desahucio por precario puede durar entre 9 y 18 meses aproximadamente.
Existen algunas zonas muy concurridas por los turistas, que vienen buscando fiesta y diversión. Son muchas las comunidades de vecinos que viven perturbados por el ruido y sin poder descansar, a pesar de que la ley del alquiler turístico prohíbe alquilar pisos a turistas en viviendas plurifamiliares.
Para recuperar la normalidad perdida en la zona, un elevado número de propietarios recurren a los servicios de los detectives privados. Estos son los responsables de obtener pruebas para demostrar el uso inadecuado del piso alquilado para que los vecinos puedan interponer una denuncia administrativa.
La única forma de poder recuperar una vivienda o de finalizar un contrato que no es favorable en ningún aspecto, es por medio de la justicia. Pero muchas veces la ley nos dicta, manifiesta y promete algo que no es tan fácil de conseguir. Los casos más críticos y difíciles requieren de evidencias y pruebas válidas para demostrar la realidad y apoyar la decisión judicial final. Para ello, se necesita la presencia de un detective privado.
El detective privado se ha convertido en la herramienta más eficaz para conseguir las pruebas necesarias para interponer las denuncias o demandas correspondientes ante una ocupación ilegal de vivienda y, así, poder ayudar a solucionar los problemas que causan los inquilinos a propietarios y comunidades de vecinos.
La duplicidad de domicilios, los subalquileres, los alquileres turísticos, la okupación del inmueble sin consentimiento, las cesiones y los traspasos no consentidos dejarán de ser un problema y podrán ser llevados a juicio con garantías para ganarlo. Todo gracias al trabajo de obtención de pruebas y del control de movimiento de los okupas por parte de los investigadores privados, que ayudarán a facilitar los desahucios y desalojos pertinentes.
En Global Risk tenemos un compromiso de calidad, discreción y garantía de resultados con todos nuestros clientes. Trabajamos día a día para esclarecer la verdad y ayudar a nuestros clientes a regresar a su vida habitual. Contamos con los mejores detectives especializados en fraudes de vivienda y con la tecnología más moderna para obtener las pruebas necesarias y válidas ante un juez. Consulte con nosotros su caso y trabajaremos para verificar la ocupación ilegal de su vivienda. ¡Le ayudaremos a regresar a su hogar cuanto antes!
Muchos propietarios encuentran su casa ocupada por personas desconocidas y no saben cómo echarlas para volver a entrar. Lo que habitualmente se desconoce es que los detectives privados pueden ayudar a los propietarios a recuperar su hogar.
Ocupación ilegal de viviendas
La ocupación ilegal de viviendas suele ir más allá del impago de un alquiler; muchos ocupantes ilegales obtienen los suministros básicos (electricidad, agua, calefacción y gas) al margen de la ley: sin pagar nada y estafando a sus vecinos o a la comunidad entera. Otros, subalquilan el piso a terceros o destinan la vivienda a usos inapropiados.
Cuando una casa es ocupada ilegalmente, los propietarios y la comunidad tratan de solucionar el problema de la forma más rápida, efectiva y moderada posible, pero no siempre se consigue, lo que puede generar muchas tensiones. En algunas ocasiones, incluso, los ocupantes pueden comportarse de forma violenta, lo que puede acarrear daños diversos en el inmueble e incluso en el propio edificio.
No son los casos más frecuentes, sin embargo cada vez son más habituales. La desesperación, tanto de la comunidad de vecinos como, principalmente, de los propietarios es máxima, ya que hay gente viviendo de forma ilegal en una propiedad particular sin ningún tipo de permiso y, encima, sin tener ningún cuidado. Además, en la mayoría de casos no se sabe cómo demostrar la ocupación ilegal de una vivienda ni cómo tramitar las pruebas para un juicio.
¿Por qué España es un paraíso para los okupas?
La ocupación ilegal de viviendas es una práctica que se ha extendido mucho en España durante los últimos años, debido principalmente a la crisis económica y a las varias consecuencias de esta. Según datos oficiales del Estado, más de 87.000 familias españolas habitan viviendas okupadas ilegalmente.
El problema está en que el proceso penal, además de ser largo y costoso, no da lugar a una resolución segura para el propietario. El Código Penal de 1995 introdujo el delito de usurpación de bienes inmuebles que dictaba: “Pena de 3 a 6 meses de cárcel para aquellos supuestos okupas de un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituyan morada y contra la voluntad de su titular”, una ley con muchas interpretaciones. Los juicios son largos y caros, pero en caso de ganar la sentencia, el procedimiento de desahucio por precario puede durar entre 9 y 18 meses aproximadamente.
Nuevos inquilinos vacacionales extremadamente ruidosos
Existen algunas zonas muy concurridas por los turistas, que vienen buscando fiesta y diversión. Son muchas las comunidades de vecinos que viven perturbados por el ruido y sin poder descansar, a pesar de que la ley del alquiler turístico prohíbe alquilar pisos a turistas en viviendas plurifamiliares.
Para recuperar la normalidad perdida en la zona, un elevado número de propietarios recurren a los servicios de los detectives privados. Estos son los responsables de obtener pruebas para demostrar el uso inadecuado del piso alquilado para que los vecinos puedan interponer una denuncia administrativa.
¿Quién investiga los casos de ocupación ilegal?
La única forma de poder recuperar una vivienda o de finalizar un contrato que no es favorable en ningún aspecto, es por medio de la justicia. Pero muchas veces la ley nos dicta, manifiesta y promete algo que no es tan fácil de conseguir. Los casos más críticos y difíciles requieren de evidencias y pruebas válidas para demostrar la realidad y apoyar la decisión judicial final. Para ello, se necesita la presencia de un detective privado.
El detective privado se ha convertido en la herramienta más eficaz para conseguir las pruebas necesarias para interponer las denuncias o demandas correspondientes ante una ocupación ilegal de vivienda y, así, poder ayudar a solucionar los problemas que causan los inquilinos a propietarios y comunidades de vecinos.
La duplicidad de domicilios, los subalquileres, los alquileres turísticos, la okupación del inmueble sin consentimiento, las cesiones y los traspasos no consentidos dejarán de ser un problema y podrán ser llevados a juicio con garantías para ganarlo. Todo gracias al trabajo de obtención de pruebas y del control de movimiento de los okupas por parte de los investigadores privados, que ayudarán a facilitar los desahucios y desalojos pertinentes.
En Global Risk tenemos un compromiso de calidad, discreción y garantía de resultados con todos nuestros clientes. Trabajamos día a día para esclarecer la verdad y ayudar a nuestros clientes a regresar a su vida habitual. Contamos con los mejores detectives especializados en fraudes de vivienda y con la tecnología más moderna para obtener las pruebas necesarias y válidas ante un juez. Consulte con nosotros su caso y trabajaremos para verificar la ocupación ilegal de su vivienda. ¡Le ayudaremos a regresar a su hogar cuanto antes!